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No nos hagamos trampas al solitario

Al día siguiente de la presentación, en el marco solemne del Patio de Columnas del Colegio de la Abogacía de Barcelona, del manifiesto de juristas catalanes en defensa del Estado de Derecho, el imperio de la Ley y el respeto a las decisiones de los tribunales (El Derecho al Servicio de las Libertades”, o Llibertats), se hizo público otro manifiesto, también suscrito por juristas catalanes, en este caso en defensa de la celebración de un referéndum en Cataluña. Sin entrar a valorar la intención de los promotores y firmantes de este último, lo cierto es que los medios de comunicación han hecho de él una suerte de “contramanifiesto” o de réplica al manifiesto de Llibertats. Los mensajes de uno y otro son claros pero, como promotor y firmante del primero de ellos y miembro de la plataforma Llibertats, no puedo dejar de llamar la atención sobre algunos aspectos del texto que vio la luz el pasado día 22 de marzo, en apoyo de la celebración de un referéndum. Aspectos que podrían, a priori, pasar desapercibidos tras el tono aparentemente amable de su redactado.

En primer lugar, se hace referencia en el mismo al “derecho a decidir”. Es este un término repetido hasta la saciedad en el debate público en Cataluña en estos últimos años, y ha sido obviamente acuñado por expertos en mercadotecnia, en ningún caso por juristas. En términos jurídicos, “derecho a decidir” puede significar tantas cosas, y tan diversas, que técnicamente no significa nada en concreto. A lo que se refiere el texto que comentamos cuando habla de “derecho a decidir” es a lo que propiamente se conoce como derecho de secesión, y en contra de lo que se afirma en el manifiesto, ningún ordenamiento jurídico de nuestro entorno en el marco de la Unión Europea lo reconoce como tal. Para intentar obviar tal evidencia, se hace referencia en el texto al caso escocés. Como todos los firmantes del mismo saben, la apelación al caso escocés es jurídicamente insostenible, de la misma forma que la estructura jurídico política del Reino Unido deviene un caso singular, y no es en ningún caso equiparable no solo a la española, sino tampoco a ninguna de las de los restantes países de nuestro entorno.

En segundo lugar, se afirma que el referéndum que propugnan tiene cabida en el marco constitucional español. Sorprende en primer lugar que tal afirmación se realice sin matices, ya que como postulado general, los propios firmantes son conscientes de que la inmensa mayoría de la doctrina científica, tanto catalana como del resto de España, sostiene exactamente todo lo contrario. En realidad, la afirmación se realiza de manera deliberadamente equívoca, por la forma y el contexto en que se ubica.

Un posicionamiento así en un texto donde también se hace referencia al referéndum escocés, lleva a pensar al lector que se está hablando de una consulta sobre la secesión de Cataluña, en la que votarían solo los ciudadanos catalanes, y con efectos jurídicos vinculantes. Todos los firmantes del manifiesto saben perfectamente que tal opción en ningún caso cabe en el marco jurídico constitucional español actual (ni en el de ningún otro de los países de nuestro entorno, recuérdense las resoluciones sobre el Véneto o Baviera). Solo cabe entender, pues, que a lo que pretenden referirse es a una consulta no vinculante que, de evidenciar una amplia mayoría a favor de la independencia, llevaría a plantear una reforma constitucional de gran calado que permitiera, entonces sí, plantear un referéndum de secesión. Lo curioso en que el independentismo catalán, en todos estos años, en ningún momento ha planteado ni se ha referido a esta posibilidad. Simplemente, bajo el lema “o referéndum o referéndum”, ha intentado imponer una vía unilateral de imposible encaje jurídico.

Pero lo que, a mi entender, no tiene en ningún caso cabida en un manifiesto de juristas es la referencia (punto 5º del manifiesto) a que la no aceptación de sus tesis (que ya hemos visto que son, como poco, altamente discutibles) por parte del Estado, “…legitimaría abrir otras vías para que la ciudadanía de Cataluña expresara cómo quiere decidir su futuro…”. En primer lugar, la contraposición “Estado” versus “ciudadanía de Cataluña” es falaz y, por qué no decirlo, perversa. Y en segundo lugar, en el contexto en que se ubica, tal afirmación solo cabe interpretarla como una forma de justificar la ruptura del marco jurídico vigente, con todo lo que ello supone. No, señoras y señores, no. Hasta aquí podíamos llegar. Sabemos que el Estado no va a permitir tal escenario de ruptura. Pero no le echen otra vez la culpa al Estado. La mayoría de los catalanes tampoco vamos a permitirlo.

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