Notícies

Millo garantiza la seguridad de los funcionarios

El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, emplazó ayer a los funcionarios catalanes a «no tener ninguna duda a la hora de saber que el Gobierno hará cumplir los derechos fundamentales». Lo dijo en el acto de conmemoración del 193 aniversario de la creación de la Policía Nacional que ha presidido en Girona y en referencia a las declaraciones del diputado de JxSí Lluís Llach sobre que el Govern sancionaría a los funcionarios que incumplieran las leyes de desconexión de Catalunya con el resto de España.

«En España no hay diversas legalidades paralelas, sino una única legalidad constitucional», afirmó y pidió respeto a la legalidad para respetar a la democracia, por lo que ha felicitado a los agentes del cuerpo a los que considera garantes de las libertades y los derechos.

El delegado del gobierno en Cataluña explicó que en 193 años han cambiado muchas cosas, pero aseguró que «la extraordinaria vocación de servicio público, la gran profesionalidad y la defensa de las libertades de todos los españoles» que ejerce el Cuerpo se han mantenido inalterables. «Sin seguridad no hay libertad», dijo el delegado del Gobierno, que cree que la principal tarea del Cuerpo Nacional de Policía es preservarla.

Por su parte, el grupo de juristas Llibertats calificó de «inaceptables» las declaraciones del diputado de JxSí Lluís Llach sobre que el Govern prevé sancionar a los funcionarios que no apliquen las leyes de independencia, y exigió al Ejecutivo catalán que lo desmienta. En un comunicado, este grupo de juristas contrarios al proceso independentista ha mostrado su indignación porque consideran que en un Estado de derecho es inconcebible «que un representante de la soberanía popular amenace a los servidores públicos instándoles a incumplir la ley y que el Govern no desmienta categóricamente esta amenaza».

«Quien hace estas afirmaciones no puede continuar defendiendo a los ciudadanos en las instituciones», sentenció, y ha señalado que la ley de transitoriedad jurídica, la última que queda por aprobar para la ‘desconexión’, se está haciendo en secreto y sin debate entre los grupos.

A su juicio, esto demuestra «la extraordinaria carencia democrática de todo el proceso de su elaboración» y constata que el despliegue de la hoja de ruta independentista se está haciendo vulnerando el Estatut y las leyes. También reclamó que se mantenga a los funcionario al margen del debate independentista, y mostró su apoyo a todos los empleados públicos, especialmente al cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Fuente: La Razón