La Constitución de la República catalana
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La Constitución de la República catalana

Hace unos días leí una noticia que me sorprendió: el Conseller de Justícia de la Generalitat había recibido a la plataforma Constituïm, de manera «institucional» -cito textualmente- y los miembros de ésta le habían hecho entrega de un proyecto de Constitución para una república catalana independiente. El hecho -que ha pasado ciertamente desapercibido- merece un cierto análisis y pone de manifiesto las importantes carencias democráticas del denominado procés.

Antedicha noticia, y después de buscar por la red, me doy cuenta que, efectivamente, hay un colectivo de juristas que están redactando un proyecto de Constitución, hecho que en sí no es nuevo, Santiago Vidal ya fue suspendido por participar en la redacción de un borrador de Constitución. Según manifestaciones de su portavoz, Jordi Domingo, el proyecto ha sido redactado con aportaciones de electos y ciudadanos. Resulta ciertamente sorprendente la profusión de redactores de una futura constitución que han surgido en los últimos meses, la propia web de Constituïm anuncia que su proyecto es la fusión de tres proyectos de Constitución, también elaborados por ciudadanos; y olvidan que ésta no es la manera de redactar una Carta Magna, ni tan solo un posible borrador.

Pero si analizamos el constitucionalismo, y en especial el español -sí, ese que los políticos independentistas tildan de antidemocrático-, nunca una comisión compuesta por ciudadanos, sin mandato alguno, preparó, aunque fuera un borrador, y todo ello al margen de los órganos de representación parlamentaria.

La considerada primera Constitución Española de 1812 se elaboró en unos momentos convulsos por la invasión francesa. Los debates y el redactado se efectuó por las Cortes de Cádiz, y ni el sitio a la ciudad de Cádiz por las tropas francesas impidió que fueran los diputados electos los que redactaran la Constitución. De igual manera las restantes constituciones que se han considerado democráticas por la doctrina constitucionalista. El proceso de elaboración ha sido siempre mediante la convocatoria de unas elecciones constituyentes, la elaboración de la misma por las cortes elegidas, y nunca por una comisión ciudadana sin legitimación alguna.

El único precedente que podemos encontrar de algo parecido -salvando las distancias- a una comisión redactora extraparlamentaria, es en la elaboración de la Constitución de 1931. Después de la proclamación de la República, el Gobierno provisional por decreto de 6 de mayo de 1931 creó la Comisión Jurídica Asesora con el encargo de preparar «los proyectos de ley sobre los cuales ha de deliberar» la asamblea constituyente y como punto de partida de los debates parlamentarios. Pero debemos recordar que era una comisión ‘oficial’ nombrada por el Gobierno de la República, en el seno del Ministerio de Justicia, y que no sustituía a la comisión constitucional que luego se creó por las cortes constituyentes surgidas de las elecciones que se celebraron el 28 de junio. Una vez terminó el trabajo la comisión parlamentaria, las Cortes aprobaron la Constitución el 9 de diciembre de 1931. Así pues, resulta inaudito que una comisión ciudadana, sin legitimación democrática alguna, redacte, aunque sea un borrador, una Constitución. Porque esa redacción, al margen de los representantes legítimos, denota imposición, quiere marcar previamente el contenido de la Constitución e influir directamente para que su modelo de Estado sea el que se imponga. Por lo tanto, pretenden mediatizar a su favor el modelo de Estado, que debería surgir únicamente del debate parlamentario, en el supuesto -ahora ciertamente improbable- de que se declarara la independencia. Sino, ¿qué sentido tiene entregarla al Conseller de Justícia? Quizás con la intención también de aprobarla en lectura única, sin posibilidad de enmiendas ni debate, gracias a la reforma del reglamento del Parlament. Quien continuamente se menta como demócrata, pretende aprobar una leyes de transitoriedad jurídica hacia la independencia -que en un extraordinario ejercicio de transparencia y democracia se mantienen en secreto- mediante una modificación especifica del reglamento del Parlamento para evitar el debate de dichas leyes y la posibilidad de ser enmendadas, aprobándolas en una sola sesión. Contraviniendo el régimen de mayorías que establece el propio Estatut de Catalunya, aprobado por el propio Parlamento y refrendado por el pueblo de Catalunya, y que, teóricamente, nos llevarían hacia un proceso constituyente. Todo esto nada tiene que ver con lo que la doctrina constitucionalista entiende como un proceso constituyente, y sí tiene que ver con un proceso en el cual el estado de derecho brilla por su ausencia.

Pero más grave es que, desde la Conselleria de Justícia, se quiera dotar a dicha comisión, sin legitimación alguna, de cierta oficialidad; recibiéndolos «institucionalmente», y aceptando que se le entregue al Conseller ese proyecto de Constitución.

Desde el Gobierno de la Generalitat se sigue acusando al Gobierno de España de poco democrático por aplicarla ley, aprobada democráticamente, quizás ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio.

 

Pere Lluís Huguet Tous