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Breve análisis de la situación jurídica de los ciudadanos ante el Referéndum de autodeterminación convocado por el gobierno de Generalitat de Catalunya

I.- Antecedentes

En primer lugar debemos señalar que la Ley del Parlament de Catalunya 19/2017 de 6 de septiembre, por la que se regula el Referéndum de Autodeterminación, ha sido suspendida por providencia de 7 de septiembre de 2017 dictada por el Tribunal constitucional en el Recurso de inconstitucionalidad 4334/2017, por lo que dicha ley carece de efectos jurídicos. Dicha providencia expresamente establece:

Tener por invocado por el Presidente de Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor y conforme dispone el artículo 30 LOTC, produce la suspensión de la Ley impugnada, desde la fecha de interposición del recurso –7 de septiembre de 2017– para las partes del proceso y desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» para terceros.

Por lo tanto, previamente debemos destacar que dicha ley carece de eficacia jurídica plena al haber sido suspendida por el TC, y así los actos, disposiciones, y resoluciones que se dicten al amparo de la misma son nulos de pleno derecho

II.- Situación jurídica de los ciudadanos citados a formar parte de las mesas electorales

1.- Nombramiento: De conformidad con lo anteriormente señalado, cualquier nombramiento de presidente o vocal para formar parte de las mesas electorales no debería producirse al estar suspendida la Ley. No obstante y ante el anuncio efectuado por el Gobierno de la Generalitat de proceder al nombramiento de miembros de las mesas electorales cabe destacar:
a) Dicho nombramiento es nulo de pleno derecho, al dictarse como consecuencia de una ley suspendida. Por lo tanto ninguna obligación tiene el ciudadano nombrado en acudir al llamamiento, muy al contrario, como analizaremos posteriormente puede asumir responsabilidades acudiendo.
b) Así mismo, el propio nombramiento puede ser constitutivo de un delito de desobediencia, así como de malversación, que el ciudadano que lo reciba puede denunciar ante la autoridad judicial.

2.- Sanciones: El artículo 22 de la suspendida Ley del Referéndum de autodeterminación establece el carácter obligatorio de los cargos de presidente y vocal, pero en una defectuosa técnica legislativa. Así, otorga competencias para sancionar a la sindicatura electoral (artículo 18 VIII) pero omite establecer el régimen jurídico de las conductas sancionables, por lo que, de conformidad con los más elementales principios del derecho administrativo, resulta imposible sancionar, sin que con carácter previo se establezcan las conductas que pueden ser objeto de sanción y la tipificación de las mismas con el establecimiento del cuadro de sanciones.

Por lo tanto, el nombramiento de Presidente y Vocal de mesa electoral sería NULO de pleno derecho al haberse efectuado en desarrollo de una ley suspendida por el tribunal Constitucional. Igualmente cualquier sanción que se establezca por no acudir a la mesa electoral los miembros designados, es NULA de pleno derecho al haberse dictado en atención a una ley suspendida por el Tribunal Constitucional, y además sería igualmente NULA al contravenir los principios básicos del derecho administrativo sancionador.

3.- Responsabilidad Penal: el ciudadano que acuda a la mesa electoral como consecuencia del nombramiento de Presidente o Vocal podría incurrir en la figura cooperador necesario establecida en el articulo 28 b) del Código Penal. Si la convocatoria y los actos preparatorios del Referéndum del próximo día 1 de octubre podrían ser un delito de desobediencia y malversación de caudales públicos como ha denunciado Fiscalía en la querella interpuesta, la realización de actos que hagan posible dicho referéndum, como puede ser la participación como Presidente y Vocal, pueden ser constitutivos de dichos delitos en calidad de cooperador necesario, tanto los ciudadanos nombrados y que acudan a la mesa, como aquellos que sin ser nombrados se constituya como mesa al no haber comparecido los titulares, de conformidad con lo que establece el articulo 32 5º de la suspendida Ley del referéndum de Autodeterminación.

III.- Situación jurídica de los ciudadanos llamados a ejercitar el derecho al voto. Utilización de sus datos

De conformidad con la legislación vigente, para que se puedan ceder legítimamente los datos personales protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, es necesario que exista una ley que habilite dicha cesión. Teniendo en cuenta que la Ley del Referéndum se encuentra suspendida por la providencia anteriormente señalada, y por lo tanto carece de efectos jurídicos, no existe soporte legal para que se utilicen los datos personales para la elaboración del censo del referéndum. Por ello, la utilización de los mismos podría ser constitutivo de un delito de Utilización ilegitima de datos personales de los artículos 197 y 198 del vigente Código Penal. Así mismo el ciudadano que viera sus datos en el censo ilegalmente elaborado podría proceder a efectuar la correspondiente denuncia penal así como reclamar la correspondiente responsabilidad civil consistente en una indemnización por la utilización ilegítima de sus datos.