El manifiesto

UN JUICIO JUSTO

PREÁMBULO
Nuestro sistema constitucional garantiza, mediante el principio de tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso justo con todas las garantías. En consecuencia, el ordenamiento jurídico español regula un sistema procesal que permite que cualquier ciudadano tenga derecho a un juicio justo a través de un tribunal independiente, que garantiza sus derechos y muy especialmente el ejercicio del derecho a la defensa.

Dentro de las garantías establecidas en nuestra legislación, el derecho a un juicio justo está incorporado al derecho español en diferentes tratados internacionales, y especialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y elevado a rango de pauta de interpretación de todo el ordenamiento jurídico en materia de derechos fundamentales en el artículo 10 de nuestra Constitución.

Igualmente está incorporado a nuestro ordenamiento jurídico el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantizan, junto con el resto del articulado, la existencia de un juicio justo.

En este sentido, cabe remarcar que España ha suscrito e incorporado al ordenamiento jurídico no sólo los tratados antes mencionados, sino también los sistemas jurisdiccionales para el control del cumplimiento de los mismos, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por todo ello, los juristas abajo firmantes, ante el próximo juicio que se celebrará en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, MANIFESTAMOS que:

A) La Legislación Española garantiza a cualquier ciudadano un juicio justo, permitiendo además el ejercicio del derecho al recurso a través del acceso a todos los organismos, tanto en la jurisdicción nacional como internacional, para corregir los errores que puedan producirse.
B) Podemos confiar en la imparcialidad de nuestro sistema judicial y han de evitarse críticas prematuras a nuestros tribunales que pueden suponer una forma de presión impropia de quien dice defender el Estado de Derecho.

Y por ello, como juristas y ciudadanos EXIGIMOS

Que cesen las intromisiones que desde el poder político se vienen efectuando para cuestionar, con carácter previo, la sentencia que deberá dictar la Sala Segunda del Tribunal Supremo y se permita trabajar a la justicia con la independencia que es necesaria para la obtención de un juicio justo y por lo tanto una sentencia ajustada a derecho. Una sentencia que, sea cual sea, gracias a nuestro sistema de garantías, será recurrible por quien no la considere ajustada a derecho. Y lo será ante las diferentes instancias, incluidos los Tribunales Internacionales, garantes del escrupuloso respeto a los principios que rigen un juicio justo y los derechos del justiciable.

Barcelona, 6 de diciembre de 2018.